| Ampliación de las medidas económicas para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza |
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| lunes, 01 de marzo de 2010 | ||||
Un nuevo plan estatal, aprobado en el Consejo de Ministros, fortalecerá la atención directa a las personas en riesgo de exclusión social a consecuencia de la crisis, aumentará la inversión para su formación e incluirá criterios sociales en la contratación pública.
La iniciativa "refuerza" las medidas ya contenidas en el Plan de Inclusión Social (2008-2012), que sigue vigente, ha explicado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los beneficiarios del Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza 2010 (estimados en un millón de personas) serán aquellos que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la actual situación económica. Así, se crea un fondo de 30 millones de euros para las políticas de inclusión social a través de las ONG, al que se suman 300 millones del Fondo local de Empleo y 205 millones procedentes de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, 14 millones más que en 2009. El plan extraordinario incluirá, además, criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un dos por 100 de trabajadores con discapacidad. Sus principales líneas, ha dicho Jiménez, se resumen en la atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión a través de ayuntamientos y ONG, el desarrollo del Tercer Sector (entidades no lucrativas como centros de empleo especial, empresas de inserción, cooperativas y fundaciones) y el apoyo a la población gitana. Sus programas se centran, entre otros aspectos, en el apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos de bajo nivel de empleo, estancias en recursos de la Red de Servicios Sociales (albergues, viviendas tuteladas, centros de acogida...), apoyo socio-educativo a menores y ayuda a domicilio para colectivos en riesgo de exclusión social. Entre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno destaca la aprobación en un plazo máximo de dos meses de un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el período 2010-2012. Su objetivo será corregir los desequilibrios existentes entre los gitanos y el conjunto de la población española. En el plazo de seis meses, el Gobierno tiene previsto presentar el anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector (centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones). Fuente: COCEMFE
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